La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la principal responsable de todas las irregularidades derivadas de la planeación y ejecución del Paso Exprés, por lo cual entregará los resultados de sus investigaciones a la Procuraduría General de la República (PGR) para que considere las evidencias recabadas y el análisis integral en la carpeta de investigación que se inició por este caso.
Asimismo, solicitará a la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigar el caso de manera integral y no fragmentada, basada en todos los componentes que provocaron el socavón, en el que perdieron la vida dos personas, ya que solo hay 9 servidores públicos sancionados en materia administrativa, pero ninguno penalmente o por falta de rendición de cuentas.
El segundo visitador general del organismo, Enrique Guadarrama López, aseveró que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, tuvo la oportunidad de explicar las causas de la falla; sin embargo, hizo declaraciones faltas de verdad.
“El socavón no es un mero accidente, sino la consecuencia de una obra pública muy mal diseñada, construida, coordinada y supervisada por la SCT, Banobras y las empresas involucradas. Salvo sanciones administrativas, el hecho continúa impune al no haber aún responsables penalmente. La SCT tuvo la oportunidad de cumplir con su obligación de explicar de manera suficiente las causas de la falla y quiénes eran los responsables. Pero no lo hizo. Por el contrario, su titular realizó declaraciones faltas de verdad ante el Senado de la República y de deslinde de responsabilidad en medios de comunicación”.
Guadarrama López enfatizó que imponer sanciones ejemplares será un disuasivo para que casos como el socavón no vuelvan a presentarse.
“El caso del Paso Exprés es una oportunidad para promover mejoras en lo relativo a la calidad de la contratación pública, en los mecanismos de gobierno para mejorar los modelos de supervisión a las empresas y para que éstas se obliguen a contar con esquemas de real respeto a los derechos humanos de la sociedad. El imponer sanciones ejemplares es un disuasivo para que casos como el socavón no vuelvan a presentarse. De otra manera, el riesgo de su repetición seguirá latente”.
Por lo anterior, la CNDH emitió la Recomendación 34/2018, dirigida a la SCT, a Banobras, a la Comisión Nacional del Agua y al gobernador de Morelos, en la que les pide reparar el daño a las víctimas directas e indirectas de las personas que perdieron la vida y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.
Asimismo, las autoridades responsables deberán ofrecer una disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio.
