La Sala Penal Nacional de Perú ha aceptado este miércoles los recursos de apelación presentados por Keiko Fujimori y otros cinco detenidos, ordenó la anulación de la detención provisional a la que estaban sometidos y dispuso su inmediata liberación.
Su Segunda Sala de Apelaciones, por votación unánime, revocó así la decisión tomada el pasado día 10 por el juez Richard Concepción Carhuancho a solicitud de la Fiscalía para detener a Fujimori, líder del partido opositor Fuerza Popular y otras 19 personas, en el marco de una investigación por lavado de activos vinculada a la financiación irregular de la formación política.
La orden judicial se extiende tanto a las cinco personas que presentaron la apelación, entre ellas los ex ministros fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, como a las otras 14 que fueron incluidas en la resolución inicial de Carhuancho.
La resolución fue recibida con llanto de alegría por Fujimori, quien participó previamente en la audiencia junto a otros tres detenidos y llegó a dirigirse al tribunal.
En su alocución, solicitó al tribunal que la deje en libertad por considerar que la detención era “un claro atropello” que vulnera el debido proceso y su presunción de inocencia.
El magistrado que presidió el tribunal, César Octavio Sahuanay, argumentó la decisión al señalar que en la resolución de Carhuancho “existe una identidad absoluta” con el pedido de detención que realizó la Fiscalía y no existe “argumentación por parte del juez”.
“El juez no agrega ideas sobre las aportadas por la fiscalía (…). Se ha producido una nulidad insalvable, esta sala quiere dejar en claro que donde el juez no motiva el dicho fiscal, da lugar a la nulidad”, afirmó.
A juicio de la sala, Carhuancho incluyó en su resolución “solo fundamentación fiscal, no judicial”, y que en estos casos “se da una resolución sin escuchar a todas las partes”, lo que obliga a “potenciar el rol del juez de garantías”.
La Segunda Sala de Apelaciones sin embargo no entró a valorar los argumentos de la Fiscalía, ni el fondo de los mismos, y dejó así al Ministerio Público habilitado a presentar su pedido de detención ante un nuevo tribunal que no sea dirigido por el juez Carhuancho.
Tras los alegatos de la defensa y de la Fiscalía, el tribunal decidió tomarse seis horas para adoptar una resolución, que anunció mientras en los exteriores del tribunal se manifestaban seguidores y opositores al fujimorismo que tuvieron que ser separados por la Policía para evitar un enfrentamiento.
La Fiscalía investiga a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular por un presunto lavado de activos de la campaña para las elecciones presidenciales de 2011 al supuestamente haber enmascarado con aportes ficticios grandes donaciones de dinero cuyo origen puede ser ilícito.
En esa financiación irregular puede estar el millón de dólares que la constructora brasileña Odebrecht aseguró haber entregado para apoyar la candidatura de Fujimori a la presidencia de Perú, en unos comicios que perdió en esa ocasión frente a Ollanta Humala.
