Seis años después de iniciar su primer mandato en medio de los sobresaltos que generó el fallecimiento de su antecesor y padre político Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro arranca el jueves su controvertido segundo sexenio con un panorama nada fácil, una creciente presión internacional y una crisis sin precedentes que ha desatado una de las mayores migraciones de la región.
Maduro, un exchofer de autobús y dirigente sindical de 56 años, jurará como presidente ante el Tribunal Supremo de Justicia en un hecho inédito y en abierto desafío a la Asamblea Nacional -controlada por la oposición- que sostiene que su reelección es ilegal y le advirtió que de asumir estaría usurpando el Poder Ejecutivo.
Desde la mañana varios cientos de seguidores del gobierno y empleados públicos, con sus características camisetas rojas, se concentraron en los alrededores del máximo tribunal, ubicado noroeste de Caracas, para acompañar al mandatario en la ceremonia.
Las autopistas y avenidas de la capital venezolana amanecieron el jueves con escasa presencia de vehículos y transeúntes y en algunos puntos de la ciudad se observó presencia de la policía nacional custodiando las vías.
Entre banderas venezolanas y pequeños carteles con el dibujo del rostro del gobernante y la leyenda “Maduro usurpador”, un puñado de opositores se concentró en una vía del este de Caracas para protestar.
Con el rechazo de la mayoría de sus vecinos de la región y la Unión Europea y el apoyo de estrechos aliados como Rusia, China, Turquía, Irán, Cuba y Bolivia, el mandatario izquierdista deberá lidiar desde el primer día de su segundo gobierno con más cuestionamientos y presiones de la comunidad internacional.
El politólogo y profesor universitario Carlos Romero estima que las presiones externas podrían traducirse en mayores sanciones, que según los expertos complicarán las ya debilitadas finanzas del gobierno y limitarán las posibilidades de acceder a dinero fresco e inversiones extranjeras que son urgentes para levantar la golpeada economía.
Romero dijo que la dura postura asumida contra Maduro por Estados Unidos, la Unión Europea y el llamado Grupo de Lima -que integran Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía- presagian tiempos de “mayor conflicto”.
“En ningún momento se asoma cualquier posibilidad de mediación, de negociación, de búsqueda de una solución pacífica y democrática de esta situación”, afirmó el analista. Consideró, asimismo, que el llamado a promover un diálogo entre las partes que asomó la semana pasada de parte del gobierno de México aún resulta muy débil. México fue el único integrante del Grupo de Lima que no respaldó la declaración de desconocimiento del nuevo mandato de Maduro.
Maduro rechaza que se lo catalogue como un dictador y desacredita los cuestionamientos de la oposición y la comunidad internacional al proceso electoral del 20 de mayo en el que alcanzó la reelección. “Tenemos una legitimidad poderosa, histórica, pero además tenemos una legitimidad concreta de votos”, señaló la víspera.
Tenemos una democracia fuerte”, sostuvo el mandatario y anunció que durante su segundo mandato se concentrará en “impulsar los cambios que le hacen falta a Venezuela” para alcanzar la prosperidad económica, aunque no ofreció detalles.
Venezuela está sumida en una profunda crisis económica y social con una hiperinflación de siete dígitos y una fuerte recesión que se ha extendido por cuatro años consecutivos. Las dificultades económicas han desatado una masiva migración de venezolanos en la región que Naciones Unidas estima en unas 3,3 millones de personas.
A ese escenario adverso se suma la postura de mayor confrontación contra Maduro que emprendió a partir del 5 de enero la Asamblea Nacional, que se asume como “único poder legítimo electo” y que amenaza con iniciar este año un “proceso de transición” para renovar los “poderes usurpados” que podría incluir la presidencia, situación que presagia más tensiones políticas.
Pero los analistas ven muy lejana la posibilidad de que la crisis venezolana pueda aplacarse o resolverse en los próximos años y prevén tiempos más difíciles en la nación petrolera.
Esta crisis es crónica, eso no se va a detener”, afirmó el jurista y profesor universitario José Ignacio Hernández a The Associated Press. “Eso va a seguir eventualmente más rápido y lo único que va a pasar en ese sentido es que la tragedia humanitaria en Venezuela va a ser cada vez mayor”.
La ONU proyectó que para este año cerca de dos millones de personas más podrían emigrar de Venezuela hacia diferentes países de la región. Asimismo, el Fondo Monetario Internacional estima que en 2019 la hiperinflación podría acelerarse y alcanzar 10,000,000 % y mantenerse la recesión económica.
