Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que decida sobre la violenta expulsión de wixárikas (huicholes) de su comunidad en la Sierra Gorda de Jalisco en 2017.
El 4 de diciembre de 2017, en Tuxpan de Bolaños, una pequeña localidad en las montañas de Jalisco, una turba atacó a 21 adultos y 29 menores de edad a quiénes despojó de sus pertenencias, les quitó sus casas y los echó de su comunidad.
“Era alrededor de las 12:00 p.m. cuando llegó un grupo de personas enojadas. Nos insultaban y humillaban. Mis hijos se asustaron mucho y yo me sentí impotente, pues no pude hacer absolutamente nada. Sentí una profunda tristeza cuando vi que empezaban a derribar mi casa, que con tanto sacrificio había construido.”
Cirilo de la Cruz
Miembros de la comunidad indígena argumentaron que la expulsión se debía a que ya no podían ser considerados wixárikas por haber cambiado de religión y dejar de participar en los ritos religiosos tradicionales de los huicholes.
Foto: Especial
Han pasado dos años desde que un juez federal indicó que la expulsión de estas personas estaba justificada. Sin embargo, posteriormente un Tribunal Colegiado de Circuito revocó esa decisión. Ahora, el próximo miércoles 8 de julio de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará el caso y decidirá sobre cuestiones importantes para todo ciudadano, prescindiendo de su religión.
Entre las cuestiones que se analizarán se encuentran: ¿Cómo puede armonizarse lo que dice el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (relativos a la libre determinación de los pueblos indígenas -Usos y costumbres-) con lo expuesto en el artículo 24º sobre la libertad religiosa?, ¿es la religión parte integral de la identidad de una comunidad indígena? Si así es, ¿deja de formar parte de esa comunidad el individuo que cambia de religión? y si ¿se violaron los derechos humanos de los testigos de Jehová wixárikas que fueron expulsados de su comunidad, tales como el derecho a la objeción de conciencia, propiedad privada, a la no-discriminación, a la protección de los menores, el respeto a la integridad y dignidad de las mujeres y el derecho a un juicio justo, entre otros?
Desde que fueron expulsados, la mayoría de estos miembros de la comunidad han rentado (a pesar de tener su propia casa) y otros se han ido a vivir con otros miembros de la religión.
“Al llegar no pude contener el llanto al contemplar la escena que mis ojos veían: mi hogar completamente destruido y mis pertenencias regadas por todas partes, todo tirado, quebrado e inservible. Me sentía indefensa e impotente. No podía comprender tanta crueldad.”
Simona de la Cruz
Algunos de los desplazados han perdido sus empleos debido a la COVID-19 por lo que se han tenido que desplazar a otras ciudades, dejando atrás a sus familias mientras que otros no han podido solicitar apoyo económico al gobierno porque no tienen los documentos necesarios para hacerlo, pues no les permitieron recogerlos el día que fueron expulsados.
La CNDH solicitó la implementación de medidas cautelares a varias agencias del gobierno de Jalisco y la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación también tiene conocimiento de este caso.
