El pasado miércoles 8 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dispuso que se corrigiera la injusticia hecha contra 50 miembros de la etnia wixárika de la comunidad Tuxpan de Bolaños, Jalisco, por haber sido expulsados ilegalmente de sus casas el pasado 4 de diciembre de 2017.
La decisión de la Corte dejó claro que la negativa a participar de la religión y costumbres de la comunidad, no es suficiente motivo para que alguien sea expulsado del territorio. También estableció que la violencia nunca está justificada y que se deben respetar los derechos humanos, como el interés superior de los menores y el derecho a un proceso judicial justo.
El 4 de diciembre de 2017, una turba enfurecida atacó a 21 adultos y 29 menores de edad, los despojó de sus pertenencias, les quitó sus casas y los echó de su comunidad por profesar la religión de los testigos de Jehová, esto porque los Testigos no participan en los ritos religiosos tradicionales de la etnia wixárika.
En un caso tan complejo, la Suprema Corte optó por defender los derechos humanos de los afectados. Se concedió un amparo a favor de los testigos de Jehová que fueron expulsados y se ordenó a las autoridades tradicionales de la comunidad de Tuxpan de Bolaños que respeten los derechos humanos.
El portavoz de los testigos de Jehová, Josué Zañudo, dijo: “Nos complace que la Suprema Corte haya resuelto el caso teniendo presente la verdadera cuestión: el respeto a las garantías individuales de un grupo pequeño perteneciente a la comunidad wixárika.” Y añadió: “No se trataba de si una religión tenía la razón o no. Tampoco se trataba de conceder un trato preferencial a alguien. La cuestión era defender, sostener y proteger los derechos humanos de personas pacíficas y trabajadoras.”
Cabe descatar que la Corte recalcó que es legítimo que se les quiten sus derechos y obligaciones como miembros de dicha etnia pues ya no comparten un elemento esencial de la misma: su religión.
