CDMX, (ANTON Noticias).- El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, ha emitido una enérgica condena ante el reciente ataque sufrido por Jesús María Doddoly Murguía, expresidenta estatal del PAN y exalcaldesa de Uruapan, Michoacán.
El lamentable suceso, un ataque a balazos ocurrido anoche a las 11 de la noche en su residencia, ha sido catalogado por Cortés como un indicativo alarmante del grado de descomposición que atraviesa el país, así como una clara señal de la insuficiencia de la estrategia gubernamental en materia de seguridad. Además, señaló que este evento evidencia la clara incapacidad del gobierno federal morenista de López Obrador para abordar eficazmente la creciente problemática de la violencia.
Cortés expresó su indignación y preocupación por la persistente amenaza que enfrentan los políticos en México, donde el crimen organizado ha intensificado sus acciones, afectando no solo a candidatos y funcionarios públicos, sino también a periodistas y ciudadanos en general.
El dirigente nacional del PAN destacó la necesidad urgente de que el gobierno refuerce las medidas de seguridad en el marco del proceso electoral, asegurando la integridad de los candidatos, así como del personal involucrado en la organización de los comicios. Subrayó que, a pesar de los esfuerzos del INE por proporcionar seguridad, aún queda mucho por hacer y el procedimiento actual es insuficiente, dejando a los candidatos vulnerables.
Cortés también lamentó que la violencia criminal haya alcanzado incluso a familiares de políticos, según un estudio reciente del proyecto Votar entre Balas, de Data Cívica, que revela que 113 familiares de políticos han sido atacados desde 2018, con un alarmante 78% de ellos resultando asesinados.
En este contexto, el PAN hace un llamado urgente al gobierno para que asegure la integridad y la paz durante los próximos comicios, evitando que la violencia y el crimen organizado sigan socavando el proceso democrático. Cortés concluyó su declaración exhortando al presidente a cumplir con su deber de garantizar la seguridad de los ciudadanos durante los seis meses restantes de su mandato.
