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PAN demanda campaña institucional del INE para prevenir uso electoral de programas sociales

CDMX, 09 abr (ANTON Noticias).- El Partido Acción Nacional (PAN) ha exigido de manera urgente la elaboración, diseño y difusión de una campaña institucional por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), con el fin de informar a la sociedad que los Programas Sociales son derechos humanos constitucionales y no deben ser utilizados con propósitos electorales.

La dirigencia nacional del partido acompañará hoy a la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, a las instalaciones del INE para dar seguimiento a la petición formal de los partidos que integran la Coalición sobre la implementación inmediata de la campaña institucional sobre programas sociales.

Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN, expresó: “Los programas sociales son derechos humanos constitucionales, no instrumentos de propaganda política de Morena y el gobierno. Inducir y coaccionar el voto mediante el uso de recursos públicos está prohibido por Ley y debe sancionarse sin excusa alguna”.

Cortés Mendoza destacó que los pronunciamientos del presidente de la República, que sugieren que no votar por Morena y su candidata implicaría la eliminación de programas sociales, constituyen una forma de coacción al voto de la ciudadanía, lo cual está prohibido por la ley.

En la reunión prevista para hoy con la presidenta del Consejo General del INE, se dará seguimiento a la petición formal de los partidos que integran la Coalición Fuerza y Corazón por México, a fin de iniciar de inmediato la estrategia de difusión institucional para subrayar que nadie puede obligar a una persona a votar a cambio de un apoyo social.

El PAN también aprovechará la visita al INE para solicitar que el próximo debate presidencial tenga un formato que permita un intercambio más libre de ideas, brindando a la ciudadanía una visión más clara sobre las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República.

El INE, como árbitro de la contienda, debe garantizar el principio constitucional de imparcialidad, asegurando que la ejecución de los bienes, servicios y recursos establecidos en los programas sociales se apeguen a su objetivo y reglas de operación, evitando en todo momento su uso con fines electorales.

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