Advierte ONU sobre deficiente aplicación de leyes ambientales
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente alertó que la débil aplicación del derecho ambiental exacerba las amenazas para el planeta, a pesar de que las leyes y organismos en beneficio de esta causa proliferaron sustancialmente en las últimas cuatro décadas.
David Boyd, relator especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medio ambiente, dijo que el Informe titulado “Estado de Derecho Ambiental: Primer informe global” concluyó que el volumen de leyes ambientales se multiplicó por 38 desde 1972.
En un comunicado, ONU Medio Ambiente da a conocer dicho estudio en el que manifiesta una tendencia preocupante: la resistencia a las leyes ambientales que ha resultado en un creciente número de casos de hostigamiento, amenazas y asesinatos de defensores del medio ambiente.
Boyd mencionó que la incapacidad de aplicar y hacer cumplir plenamente las regulaciones es uno de los mayores desafíos para mitigar el cambio climático, reducir la contaminación o detener la pérdida generalizada de especies y hábitats.
“Este informe explica por qué, pese a la proliferación de leyes ambientales, persisten problemas como la contaminación, la reducción de la biodiversidad y el cambio climático”, expuso.
Aseveró que “a menos que se fortalezca el estado de derecho ambiental, incluso las normas aparentemente rigurosas están destinadas al fracaso y no se alcanzará el derecho humano fundamental a un medio ambiente saludable”.
El reporte concluyó que si bien la cooperación internacional contribuyó a que numerosos países concertaran más de mil 100 acuerdos ambientales desde 1972 y a que se elaboraran múltiples leyes marco sobre medio ambiente, ni el multilateralismo ni la asignación de fondos han dado lugar a la creación de organismos ambientales sólidos capaces de hacer cumplir las leyes y los reglamentos con efectividad.
Los autores del informe identificaron los numerosos factores que contribuyen a la deficiente aplicación de las leyes ambientales, entre ellos, la escasa coordinación entre organismos gubernamentales, una capacidad institucional debilitada, la falta de acceso a la información, la corrupción y una participación cívica reducida.
En el informe se detallan los numerosos acontecimientos positivos en materia de derecho ambiental registrados desde 1972, incluida la aprobación del derecho constitucional a un medio ambiente sano en 88 países y la consagración de la protección del medio ambiente en las constituciones de otros 65.
También resalta el establecimiento de más de 350 tribunales ambientales en más de 50 países, y la existencia de disposiciones legales sobre el derecho de los ciudadanos a la información ambiental en más de 60 Estados.
“La comunidad internacional puede hacer más. Con demasiada frecuencia, el apoyo de los donantes se centra en esferas muy específicas del medio ambiente, por lo que algunas áreas tienen sólidos programas ambientales mientras que otras no reciben fondos ni atención”, sostuvo Carl Bruch, director de Programas Internacionales del Environmental Law Institute.
“Este abordaje de nichos puede socavar el estado de derecho ambiental al no ofrecer uniformidad en la aplicación y el cumplimiento de la ley y enviar mensajes confusos al público en general”, indicó Bruch.
El documento señala que entre 2002 y 2013, 908 personas fueron asesinadas en 35 países, entre ellas guardaparques, inspectores gubernamentales y activistas locales. Solo en 2017, 197 defensores ambientales fueron asesinados.
“La criminalización y los crecientes ataques a los defensores del medio ambiente son violaciones manifiestas del estado de derecho ambiental y una afrenta a los derechos, las funciones y las contribuciones de los pueblos indígenas y la sociedad civil en la protección ambiental”, afirmó Joan Carling, activista de los derechos de los pueblos indígenas y defensora del medio ambiente originaria de Filipinas.
Según el Índice de Democracia Ambiental, solo 20 de 70 países examinados, es decir, 28 por ciento, están clasificados como “buenos” o “muy buenos” en lo que respecta a la elaboración de un informe periódico, completo y actualizado sobre el estado del medio ambiente.
Mientras que las normas y oportunidades para la participación cívica han aumentado de forma general, algunos Estados han incorporado nuevas restricciones a las actividades de la sociedad civil que limitan la capacidad del público de expresar su opinión sobre las injusticias relativas al medio ambiente.
Las iniciativas tendientes a restringir a la sociedad civil resultan más evidentes en China, la Federación de Rusia, Turquía, Vietnam y Camboya, entre otros países.
En el informe se destacan diversos ejemplos de buenas prácticas, incluidas numerosas innovaciones de países en desarrollo que suelen enfrentar los mismos problemas que los países desarrollados, pero con menos recursos para hacerles frente.
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