AUTORA: Mtra. Doris Soberanis Barrientos, Psicóloga Terapeuta Familiar y de Pareja, Universidad del Valle de México Campus Santa Fe
Los recientes hechos observados en los noticieros y en las redes sociales sobre los linchamientos, golpes e incluso muertes provocadas a delincuentes por parte de ciudadanos indignados y enojados con el gobierno debido al incremento de la inseguridad y a la falta de protección, nos muestran un panorama de la crisis social que estamos viviendo al sentirnos vulnerables en las calles de nuestra ciudad. Estos actos se originan principalmente por la pérdida de credibilidad y confianza en la autoridad correspondiente, cuya responsabilidad es brindar un entorno de seguridad a la ciudadanía, de hacer cumplir la ley y de procurar justicia ante las conductas delictivas.
Estos fenómenos han sido aplaudidos por un sector de la sociedad mexicana que ve como “héroes” a los pasajeros que golpearon a un asaltante de una combi de transporte que circulaba en el Estado de México o a grupos de personas que velan por el cuidado de su comunidad y/o familia, advirtiendo al ladrón que será linchado si lo sorprenden cometiendo un acto delictivo. Estos ciudadanos hacen justicia por su propia mano, expresando su impotencia y enojo por la falta de acción del gobierno. Tal problemática nos invita a reflexionar sobre la crisis social que atravesamos como ciudadanos y a analizar esas conductas “defensivas”, que están cargadas de resentimiento social, venganza y frustración por una permanente injusticia proveniente de la autoridad.
En un contexto en el que la sociedad es víctima de las desigualdades, injusticias, indiferencia y negligencia por parte de las autoridades competentes, no es extraño que los ciudadanos elijan la violencia colectiva (Rodríguez, 2012) como medio de defensa a su integridad, e incluso, como ya se mencionó, la venganza.
“La violencia es expresión de la crisis de autoridad, en la que un hombre o un grupo de hombres desean expresar su inconformidad con un orden que ha dejado de ser referente de su actuar, cuyo sentido privilegia nuevos valores, intereses, mitos y ritos” (Rodríguez, 2012)
Sin duda, estas acciones son el espejo de la crisis de autoridad, pero también ponen de manifiesto la descomposición social que se encuentra instaurada en varios ámbitos, como son el político, económico y familiar.
Así, pese a todas las explicaciones para los detonantes de la violencia que desemboca en un linchamiento o en golpizas a los asaltantes, no son actos que justifiquen su aparición y mucho menos, formas de solucionar los conflictos y desigualdades sociales. Son hechos donde claramente se rebasa el sentido de humanidad y el significado del respeto a la vida. Este panorama está lejos de ser esperanzador.
La OMS y un conjunto de países han declarado la violencia como problema de salud pública. En México nos estamos enfrentando a consecuencias relacionadas a la violencia principalmente de índole social que, en esencia, priva al ser humano del derecho a una vida digna.
Todo lo anterior nos lleva a la siguiente reflexión: a las autoridades gubernamentales, les corresponde generar estrategias más justas y equitativas que garanticen el bienestar social y moral de la población mexicana, hacer que se cumplan las leyes y, además, crear el marco legal necesario para que se apliquen consecuencias congruentes con los daños provocados por la delincuencia. Por otro lado, a las instituciones educativas, familiares y sociales nos compete detener y prevenir la violencia en cualquiera de sus expresiones, a partir de la educación, optar por acciones y medios favorables que fomenten el diálogo y la convivencia sana, privilegiando así, el respeto y derecho a la vida.
