La Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de López Obrador: Una Perspectiva para la participación ciudadana

Por: Mtro. Diego Cabrera Leal

El gobierno de la cuarta transformación, por si sola,es una fuerza centrífuga que lleva a la convivencia social y urbana de sectores de la ciudadanía ampliamente inclusivos, renovados y con miras a que su participación tenga una trasformación radical, es decir, pasar de la participación espontanea a la participación verdaderamente democrática y horizontal del pueblo.

El planteamiento realizado por Andrés Manuel López Obrador es un cambio de paradigma, que intenta poner al centro de las acciones públicas al pueblo, a los tradicionalmente olvidados. Esta administración ha representado un cambio significativo en múltiples frentes de la política mexicana, considerando también la de desarrollo urbano y ordenamiento territorial y, por supuesto, el combate a la corrupción.

Desde una perspectiva jurídica, es primordial analizar y reflexionar sobre los objetivos, implementaciones y alcances legales de dichas políticas. El marco legal que rige el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial en México, es vasto y complejo, siendo el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) la base fundamental que garantiza el ordenamiento de asentamientos humanos y establece los cimientos para la planificación del desarrollo urbano; mientras que el artículo 25 de la misma carta magna señala la rectoría del estado en materia de planeación y desarrollo nacional, todo ello en concordancia y alineado con el plan nacional de desarrollo, que plantea, “recuperar y mejorar el entorno en el que viven millones de mexicanos a través de la dotación de infraestructura de calidad, espacios públicos, equipamiento, vivienda asequible y bien localizada, esto último implica entender a la ciudad como un sistema interconectado a través de los medios de movilidad. También, buscar la seguridad jurídica de las familias sobre su propiedad y nuevos esquemas de vivienda en renta para los más jóvenes”, tarea no menor, considerando que venimos de una larga tradición de segregación burocrática en las que los planes y programas de política pública de vivienda estaban predominantemente inspirados en la teoría neoliberal, donde el “Estado” pasa a un segundo plano.

La gestión de López Obrador ha hecho un gran esfuerzo por impulsar la inversión pública y privada en las regiones más rezagadas del país, vinculando los programas e impulsando, desde los municipios, su plan de desarrollo, a manera que estos sean integradores de los programas regionales y estos, a su vez, con los sectoriales, de forma que los locales orienten a los regionales y sean los sectores los integradores de las políticas públicas nacionales. Si bien ha mantenido este fundamento, al mismo tiempo se le ha impreso un sello distintivo, priorizando la inclusión, equidad y sostenibilidad. Desde la política social hasta la política de infraestructura para el desarrollo, se ha trazado un eje de transversalidad centrado en un modelo de bienestar para el pueblo; aquí me permito puntualizar que esta reflexión no se trata de palabras revestidas del llano discurso político, sino de una profunda visión progresista, sustentada en la teoría social que reivindica el papel del Estado y, por lo tanto, los fines últimos de nuestro contrato social.

Quien no lo entiende así, o quien, en medio de la polarización, no acepta el debate razonado y objetivo, está condenado a ser parte de la gran masa social que ve afectados sus intereses particulares, su condición de privilegio y que su visión es mantener el statu quo. ¡Cosa muy contraria a lo que significa la Cuarta Transformación!

Los incontables foros de participación ciudadana, que desde la municipalidad se realizan para incluir las voces de quienes son el motivo de la presente administración federal, quienes a través de sus propuestas generan los objetivos primordiales de los Planes Municipales de Desarrollo, reflejando así una auténtica participación ciudadana. Desde un enfoque jurídico, la inclusión de las voces ciudadanas en la toma de decisiones no solo es un acto de democracia directa, sino que también proporciona legitimidad y transparencia a las decisiones gubernamentales. Sin embargo, para que esta participación sea efectiva y legalmente sólida, es vital garantizar que se cumplan los principios de imparcialidad, transparencia y accesibilidad en todos los mecanismos de consulta. En este sentido, el artículo 26 constitucional, que establece el modelo del Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo, aún tiene un pendiente con la 4T, porque las figuras de participación directa fueron diseñadas bajo las reglas del sistema deliberativo de elecciones y bajo las premisas de la democracia neoliberal.

Nuestro papel como funcionarios públicos es intrínseco al poder del pueblo, y nuestro deber es procurar la construcción de una nueva cultura política, como máxima expresión de la democracia, así como la inclusión total y absoluta en toma de decisiones colectivas. Ahora bien, entrelazando esta visión con los retos para el desarrollo sostenible de los centros urbanos de nuestro país, debemos advertir que el crecimiento de las ciudades ha estado en manos que no comulgan con esta visión, por eso es fundamental consolidar y darle continuidad a los principios de la cuarta transformación en el conjunto de programas y planteamientos para el desarrollo urbano y territorial, con una visión de corto, mediano y largo plazo.

Como señala Castells (2012), “la ciudad no es simplemente un espacio físico, sino un constructo social alimentado por la percepción, la interacción y la participación de sus habitantes”. En este sentido, el gobierno federal ha respetado la cultura, usos y costumbres de los grupos sociales, donde se visualizan y ejecutan proyectos de intervención; hoy, el desafío es ir más allá de lo que ya se ha logrado. Si bien, la política de López Obrador inició en los municipios de mayor desigualdad, es momento de ir construyendo el segundo piso del combate a las desigualdades territoriales y urbanas.

Ahora bien, saltemos de la visión estrictamente jurídica a un planteamiento de derechos sociales, para entender, alentar y dimensionar el papel de la participación popular en las decisiones claves para el desarrollo urbano.

David Harvey, en su libro,”Ciudades Rebeldes”, se adentra en la relación entre la ciudad y el capital, argumentando que las luchas urbanas son el frente principal en la pugna contra las arrasadoras secuelas del capitalismo desmesurado. Harvey propone que las ciudades se han convertido en el epicentro de las desigualdades socioeconómicas, pero al mismo tiempo, son lugares donde se gestan resistencias y alternativas. ¿Qué sentido tiene esta visión teórica con el gobierno de la 4T? Mucho, es lo que el presidente denomina el abuso de las clases privilegiadas, porque concentran mayor capital y el circulo vicioso de exclusión no se rompe.

Con toda la riqueza cultural, social e histórica que caracteriza a México, y con la renovada concientización por la lucha del pueblo a favor de sus intereses, no podemos ser ajenos a los desafíos que nos impone la actualidad. Las ciudades mexicanas enfrentan profundas diferencias, donde grandes proyectos de desarrollo inmobiliario y gentrificación conviven con zonas de pobreza extrema y carentes de servicios. Estas dinámicas, que a menudo resultan en desplazamientos y conflictos sobre el derecho a la ciudad, pueden entenderse desde la perspectiva de Harvey; que postula que “El derecho a la ciudad es, por lo tanto, mucho más que una lucha individual o colectiva por el acceso a los recursos urbanos: es una lucha contra el poder del capital y, a menudo, contra el poder coercitivo del Estado” (Harvey, 2012).

Desde este panorama, la política de desarrollo urbano y ordenamiento territorial en México debe ser analizada considerando las dinámicas del capital y el papel del Estado en la configuración de las relaciones sociales en los centros urbanos. La participación ciudadana no es solo una herramienta para el desarrollo, sino un acto de resistencia y reivindicación del derecho colectivo para definir y construir la ciudad. Los movimientos y colectivos urbanos en México, en su lucha por la vivienda digna, el espacio público y la justicia ambiental, reflejan la visión de Harvey sobre las “ciudades rebeldes” como espacios de confrontación y transformación.

Concluyo señalando que la política de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de la administración de López Obrador, busca erradicar la expansión descontrolada de las manchas urbanas, dando la oportunidad a las familias para tener certeza jurídica e imprimir un cambio en la tenencia de la propiedad con un progreso más incluyente y sostenible. Sin embargo, para que estas políticas tengan éxito a largo plazo y sean resistentes a impugnaciones legales, es esencial que se lleven a cabo con estricto apego marco normativo, garantizando transparencia, equidad y respeto por los derechos fundamentales; con el fin de cubrir las necesidades de las familias con una política integral de los niveles federal, municipal y el sector privado.

Los estudiosos del derecho, tenemos la enorme labor de observar, analizar y, cuando sea necesario, orientar en este proceso tan crucial para el futuro urbano y territorial de México; sin embargo, como servidores públicos con el sello de este gobierno, estamos obligados a poner por delante de toda acción pública, la ética, probidad y honradez.

Referencias:

Castells, M. (2012). Redes de indignación y esperanza. Madrid: Editorial Alianza.

Harvey, D. (2012). Ciudades Rebeldes: Del derecho de la ciudad a la revolución urbana. Madrid: Ediciones Akal.