El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado la invalidez del Decreto 2620, que promulgó la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Baja California Sur, publicada el 17 de agosto de 2022.
La Corte determinó que la ley afectaba directamente los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y se incumplió con la obligación de llevar a cabo una consulta previa, según lo establecido en los artículos 2° de la Constitución Federal y 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
La Corte dictaminó que la declaratoria de invalidez surtirá efectos 12 meses después de notificar los puntos resolutivos de la sentencia al Congreso local. Además, la Corte vinculó al Congreso local para que, dentro de ese mismo periodo, realice la consulta correspondiente. Esta decisión destaca la importancia de respetar los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas y afromexicanos, asegurando que se realice una consulta adecuada antes de la emisión de leyes que puedan afectar sus intereses.
